En el décimo aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el caso sigue siendo una profunda herida en el tejido social de México. Luis Hernández Navarro, coordinador de opinión de La Jornada, en entrevista con Julio Astillero, reflexiona sobre los factores detrás de este crimen de Estado y el arduo camino en la búsqueda de justicia.
Hernández Navarro expone dos temas centrales que han marcado la lucha: la estigmatización histórica de los estudiantes de las normales rurales y los obstáculos enfrentados en la investigación del caso. Desde sus inicios, estas escuelas fueron tachadas como «kínderes bolcheviques» y «nidos de guerrilleros», una narrativa que aún pesa sobre los normalistas, exacerbada por la tragedia de Iguala en 2014. Este estigma ha servido para desviar la atención de los verdaderos responsables.
La investigación del caso ha sido un proceso sinuoso y doloroso. A pesar de los avances logrados entre 2019 y 2022 bajo el gobierno de López Obrador, como el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el hallazgo de los restos de dos estudiantes, la investigación se topó con un obstáculo insalvable: el Ejército. Hernández Navarro señala que el Ejército ha retenido información clave, negándose a entregar documentos fundamentales y a esclarecer la presencia de un infiltrado, el sargento Palotzin, en la Escuela Normal Rural.
Este choque con la institución castrense ha generado críticas sobre la relación del gobierno de López Obrador con el Ejército, lo cual, según algunos, ha limitado el avance en el esclarecimiento del caso. Hernández Navarro se pregunta si realmente existía el riesgo de un golpe de Estado, como algunos argumentan, o si más bien se trata de una decisión política para mantener la estabilidad.
En el contexto actual, la frustración sigue creciendo. Las movilizaciones convocadas para este aniversario reflejan el descontento acumulado, y aunque se prevé que puedan terminar en actos violentos, Hernández Navarro enfatiza la importancia de no desvirtuar la causa. A lo largo de estos 10 años, los padres y madres de los desaparecidos han sido un ejemplo de lucha cívica, manteniendo viva la demanda de justicia.
Mientras la verdad y la justicia sigan siendo negadas, el caso Ayotzinapa seguirá siendo un emblema de la impunidad en México, un recordatorio de que el Estado aún tiene cuentas pendientes con la sociedad.
